La cantante Shakira ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña para evitar una condena de prisión por el fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. La artista colombiana ha admitido su culpabilidad en los seis delitos contra la Hacienda pública que se le imputaban, comprometiéndose a una condena de tres años de prisión y una sanción económica total de aproximadamente siete millones de euros. Sin embargo, la pena de cárcel será sustituida por una multa de 432,000 euros.
Shakira, quien reconoció los hechos antes del inicio del juicio, llegó al Palacio de Justicia de Barcelona minutos antes de la audiencia. La cantautora ya había devuelto los 14,5 millones de euros defraudados entre 2012 y 2014, cuando evitó el pago de impuestos simulando que residía fuera de España.
Después de la ratificación del acuerdo, Shakira emitió un comunicado a través de Llorente & Cuenca (LLYC), explicando que, a pesar de sentirse lista para enfrentar un juicio y defender su inocencia, decidió pactar para poner fin a años de lucha. La artista expresó su admiración por aquellos ciudadanos españoles que han luchado hasta el final en casos similares, pero destacó la importancia de recuperar su tiempo.
En el comunicado, Shakira también criticó el sistema tributario español y se comprometió a ser una aliada para su revisión. Señaló las dificultades que enfrentan aquellos que carecen de recursos para una defensa adecuada y abogó por resolver las discrepancias con Hacienda fuera del ámbito penal.
“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, afirmó Shakira.
Cabe destacar que esta no es la única cuestión legal que enfrenta la cantante, ya que un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) la investiga por presunta evasión de impuestos, basándose en otra querella de la Fiscalía que la acusa de defraudar más de seis millones en el IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018, utilizando un entramado societario en paraísos fiscales.